ACTUALIDAD JURÍDICA · REVISADO EL 29 DE OCTUBRE DE 2026
España prepara una nueva ley que podría cambiar las reglas de los microcréditos, los préstamos rápidos, las tarjetas revolving y la financiación de compras. Se proponen límites a los costes, controles de solvencia más estrictos y autorización de quienes conceden préstamos profesionalmente. Pero hay una advertencia esencial: la nueva ley española todavía no está aprobada ni en vigor.
La Directiva europea fija el 20 de noviembre de 2026 como fecha de aplicación de las normas de transposición. Sin embargo, España sigue sin aprobar su nueva ley y ha convocado elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026. Por eso, una aprobación española durante 2027 nos parece un escenario más realista, pero no existe una fecha oficial garantizada.
El proyecto sometería la concesión profesional de crédito a nuevas exigencias de autorización y supervisión, con excepciones.
Información clara sobre el coste real, la solvencia y los riesgos antes de contratar.
Se plantean topes específicos para determinados préstamos y modalidades de crédito.
Microcréditos de menos de 200 €, revolving y fórmulas de «compra ahora y paga después».
¿Qué es la futura Ley de Crédito al Consumo?
Es una reforma del marco de protección de las personas que piden financiación para fines personales. El Gobierno aprobó en primera vuelta un anteproyecto el 7 de enero de 2026. Su finalidad es adaptar la legislación española a las directivas europeas sobre crédito al consumo y contratación de servicios financieros a distancia, sustituyendo la actual Ley 16/2011 cuando se apruebe la norma definitiva.
No es una reforma exclusiva de los bancos. Abarca productos que muchas personas utilizan cada día: créditos rápidos solicitados por internet, tarjetas de pago aplazado y algunas formas de financiación de compras.
La documentación del Ministerio de Economía publica el texto que se sometió a audiencia pública. Aún puede cambiar durante su tramitación.
Las novedades que más afectan a los consumidores
1. No bastaría con abrir una web para prestar dinero
El anteproyecto propone que la concesión profesional de crédito al consumo quede reservada, con excepciones, a entidades autorizadas. Incluye nuevas categorías, como los establecimientos financieros de crédito de actividad limitada y los prestamistas de alto coste autorizados, bajo el ámbito de supervisión del Banco de España. Si se aprobara el régimen de nulidad por falta de autorización previsto en el borrador, podrían existir consecuencias importantes para los contratos otorgados sin cumplirlo. Esta consecuencia aún no es derecho vigente y no puede invocarse automáticamente para anular préstamos antiguos.
2. Más límites para los microcréditos de alto coste
El texto propone una regulación especial para determinados préstamos de alto coste: un interés mensual máximo transitorio del 4 %, límites a ciertas comisiones y un plazo mínimo de devolución de tres meses. También prevé mayores exigencias de información previa. Son cifras del anteproyecto, sujetas a cambios, y no significan que todos los microcréditos actuales sean legales o ilegales por comparación con esos valores.
3. Control del coste en tarjetas revolving y otros créditos
Se prevé un sistema de límites al coste del crédito basado en referencias y reglas específicas para distintas modalidades. El objetivo es evitar que la financiación termine siendo desproporcionadamente cara y proteger mejor a quienes pagan cuotas durante largos periodos. El diseño definitivo de esos límites todavía depende de la futura ley y de su desarrollo reglamentario.
4. También entran pequeñas cantidades y compras aplazadas
Uno de los cambios propuestos es ampliar el ámbito de protección a operaciones que hoy pueden quedar fuera de la Ley 16/2011 por su importe, como determinados créditos inferiores a 200 euros, además de fórmulas de pago aplazado conocidas como buy now, pay later o BNPL, con las excepciones que finalmente establezca la norma.
5. Evaluación de solvencia y publicidad más responsable
La propuesta refuerza las obligaciones de comprobar si la persona podrá devolver el dinero, informar antes de la firma y evitar prácticas comerciales que empujen a contratar sin entender el coste real. También contempla medidas para el asesoramiento y la atención a personas endeudadas.
¿Qué se ha publicado recientemente? Las fechas clave
El Consejo de Ministros da luz verde al anteproyecto y lo somete a audiencia pública.
La autoridad de competencia respalda objetivos de protección, pero solicita revisar barreras de entrada y reglas de precios.
Bruselas dirige a España un dictamen motivado por no haber comunicado la transposición completa.
El CES aprueba su dictamen sobre el anteproyecto.
Se publica la disolución del Congreso y Senado y la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre.
Despachos especializados, entre ellos EJASO, detallan los requisitos que deberían afrontar los prestamistas y sus plazos de adaptación si se aprueba la reforma.
Las recomendaciones de la CNMC y del CES son parte del proceso de elaboración legislativa. No significan que el texto haya sido aprobado como ley.
¿Es lógico pensar que finalmente se aprobará?
Sí hay razones sólidas para esperar una reforma: España debe transponer una directiva europea ya aprobada y la Comisión Europea ha iniciado medidas formales por el retraso. Ese compromiso no desaparece porque se convoquen elecciones.
Pero una cosa es la obligación europea de adaptar la legislación y otra el contenido exacto y la fecha de la futura ley española. El Gobierno que resulte de las elecciones y las nuevas Cortes pueden modificar el proyecto, sus límites, excepciones y periodos transitorios.
¿Entrará en vigor el 20 de noviembre de 2026?
No podemos afirmar que así vaya a ocurrir. El 20 de noviembre es el calendario europeo de aplicación, pero la norma española todavía no ha culminado su tramitación. Las Cortes están disueltas desde el 6 de octubre de 2026 y las nuevas Cámaras tienen prevista su constitución para el 23 de diciembre de 2026. Esa situación hace especialmente improbable una aprobación ordinaria antes de terminar 2026.
Nuestra valoración, a 29 de octubre de 2026, es que 2027 sería un horizonte más plausible para aprobar la nueva regulación española, siempre condicionado a la formación de Gobierno, las prioridades parlamentarias y el texto que finalmente se tramite. La fecha exacta podría retrasarse más. No existe todavía un calendario oficial de entrada en vigor.
Y cuando se publique, ¿se aplicará todo de golpe?
Tampoco necesariamente. La versión del anteproyecto contempla plazos transitorios distintos según la materia. Por ello, incluso después de publicarse una ley en el BOE habrá que comprobar qué artículos se aplican desde el primer momento y cuáles después.
¿Qué ocurre si tienes ahora un microcrédito o una revolving?
No hace falta esperar a la reforma para analizar un contrato. Existen normas vigentes y jurisprudencia sobre usura, transparencia contractual y cláusulas abusivas. Dependiendo de tu caso, ya pueden existir vías de reclamación.
La futura ley no supone que todos los contratos anteriores se anulen automáticamente, ni que las cifras propuestas se apliquen sin más a operaciones celebradas antes de su entrada en vigor. Las disposiciones transitorias serán especialmente importantes.
En STOP USURA estudiamos lo recibido, lo pagado, los intereses, las comisiones y el saldo pendiente. También revisamos financiaciones de Cetelem, Cofidis y otras entidades sin afirmar que todo préstamo caro sea ilegal.
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No necesitas esperar a que cambie la ley para preguntarnos. Cuéntanos con qué entidad contrataste y qué te ocurre; revisaremos si existen motivos legales para actuar. Trabajamos a éxito, sin anticipos, con condiciones personalizadas por escrito.
Puedes escribirnos a clientes@stopusura.es desde cualquier lugar de España, incluidas Canarias y Baleares.
Consultar mi caso por WhatsAppFuentes utilizadas y documentación
- Ministerio de Economía: texto y documentación del anteproyecto.
- Directiva (UE) 2023/2225, artículos 47 y 48.
- CNMC: informe y recomendaciones publicados el 1 de octubre de 2026.
- Consejo Económico y Social: Dictamen 12/2026, aprobado el 6 de octubre.
- Comisión Europea: dictamen motivado a España por el retraso en la transposición.
- BOE: Real Decreto 806/2026, convocatoria electoral y disolución de las Cortes.
- EJASO: análisis jurídico publicado el 26 de octubre de 2026.
Contenido informativo revisado el 29 de octubre de 2026. La tramitación y el texto de la ley pueden cambiar. Las previsiones temporales son una valoración y no una fecha oficial ni asesoramiento individual.